Guiño a un gobernador clave para la estrategia legislativa: le dan $ 100.000 M para cubrir compromisos “urgentes”

El Gobierno nacional otorgó un anticipo financiero de hasta $100.000 millones a la provincia de Santa Cruz para que pueda afrontar compromisos presupuestarios inmediatos.

La medida quedó plasmada en el Decreto 161/2026, firmado por el presidente Javier Milei junto al ministro de Economía Luis Caputo y el vocero presidencial Manuel Adorni, y publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Según surge del texto del decreto, la provincia patagónica atraviesa dificultades financieras transitorias que le impiden atender en tiempo y forma sus gastos corrientes y la amortización de deudas. El fundamento legal de la transferencia es el artículo 124 de la Ley 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto, que autoriza al Ministerio de Economía a otorgar anticipos a las provincias a cuenta de su participación en la coparticipación federal.

El monto total —hasta cien mil millones de pesos— deberá desembolsarse durante el mes de marzo de 2026 a través de la Secretaría de Hacienda. La devolución, en tanto, deberá concretarse dentro del ejercicio fiscal en curso, es decir, antes del 31 de diciembre. El plazo extendido —la norma base prevé devolución dentro del mismo mes— fue habilitado por una facultad que la propia ley le otorga al Poder Ejecutivo.

El costo financiero del anticipo no es menor: el decreto fija una tasa fija nominal anual del 15% sobre los saldos pendientes, calculada desde el momento del desembolso hasta la cancelación efectiva.

El mecanismo de cobro es automático: la Secretaría de Hacienda quedará autorizada a retener directamente los fondos de coparticipación que le corresponden a Santa Cruz hasta saldar la deuda más los intereses devengados.

Para que el anticipo se efectivice, la provincia deberá cumplir dos condiciones formales: afectar su participación en el régimen coparticipable como garantía y autorizar expresamente a Hacienda a practicar las retenciones necesarias. La Contaduría General de la Nación registrará la operación como un anticipo de la Tesorería General, cargando el importe correspondiente en la cuenta provincial.

El mecanismo utilizado es habitual en la relación financiera entre la Nación y las provincias, aunque su activación siempre expone los desequilibrios de las haciendas subnacionales. Santa Cruz, provincia históricamente dependiente de las transferencias nacionales y con una estructura de gasto fuertemente ligada al empleo público, no es la primera vez que recurre a este tipo de asistencia para cerrar brechas de caja.

El decreto lleva también la firma del vocero Manuel Adorni, lo que resulta inusual en una medida de naturaleza estrictamente económica y financiera. Su inclusión responde a las atribuciones formales que le confiere su cargo como secretario, sin implicar necesariamente una participación sustantiva en la decisión.

El anticipo se enmarca en un contexto en el que el Gobierno nacional insiste en el equilibrio fiscal como política de Estado, pero al mismo tiempo debe administrar las tensiones que genera ese ajuste en las finanzas provinciales. Y también se explica como un guiño a un gobernador que ha funcionado como aliado del oficialismo en el ámbito legislativo.