La revocación podría ya no remover, sino consolidar

Como aquí lo escribí ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum envió el martes pasado al Senado su “Plan B” de reforma electoral. Hay muchas cosas en esa iniciativa, pero una sola explica el nuevo y agitado debate político: la propuesta de modificar el Artículo 35 de la Constitución para que quien enfrente una Revocación de Mandato pueda hacer campaña a su favor. Hoy eso no se puede. En 2022, el INE sancionó a Andrés Manuel López Obrador por inaugurar el aeropuerto Felipe Ángeles en plena consulta, porque consideró que era propaganda disfrazada de acto de gobierno. La presidenta no quiere repetir ese episodio. Por eso, primero quiere cambiar la regla y luego participar en el proceso.

Ayer lo dijo en su Mañanera. Si los ciudadanos reúnen las firmas de cerca de 3 millones de personas en al menos 16 estados y el Congreso aprueba la reforma, ella saldrá a promover el voto a su favor. Sin ese cambio legal, no lo hará, como no pudo hacerlo su antecesor. Si se aprueba la reforma al 35, hará su campaña sin usar recursos públicos ni propaganda del Estado. Pero la oposición y muchos otros se preguntan si la presidenta puede hablar de su propia revocación desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, con las cámaras y micrófonos del gobierno encendidos, y pretender que eso no es promoción institucional. Ella dice que sí, que es su libertad de expresión. La oposición dice que no, que es una simulación.

Los del PAN, PRI y MC repiten desde hace semanas que Morena quiere empatar la consulta de revocación con las elecciones legislativas de 2027, cuando se renovará la Cámara de Diputados. Aseguran que una boleta con el nombre de Claudia Sheinbaum en un año electoral no la evalúa a ella, pero sí jala votos para los candidatos de Morena al Congreso. Así, la revocación de mandato se convierte en una jaladera que los morenistas no han desmentido con argumentos convincentes.

El problema es que el Artículo 134 constitucional prohíbe a los servidores públicos usar recursos del Estado para influir en los procesos electorales. Si se aprueba la reforma al Artículo 35, la presidenta tendrá el derecho expreso de hacer campaña a su favor.

La obvia contradicción entre los dos artículos constitucionales, que empujan en sentidos contrarios, deberá ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En teoría, por lo menos, porque los actuales ministros fueron electos en un proceso que Morena manejó con los ya famosos acordeones —las listas de candidatos afines repartidas entre sus bases para orientar el voto— y esperar que la Corte actúe como árbitro independiente es mucho esperar. El resultado de la consulta de revocación, por lo demás, no es ningún misterio: si se celebra, la presidenta ganará, tal como ganó AMLO en 2022, con una participación tan baja que la victoria no le sirvió para nada.

Lo que está en juego no es si la presidenta se queda. Nadie lo discute. La pregunta es si en México todavía hay alguna institución capaz de ponerle límites reales al poder. Con el Congreso bajo control de Morena y el Poder Judicial alineado con el gobierno desde su rediseño electoral, la Revocación de Mandato —pensada como freno ciudadano— opera hoy al revés: no es para remover gobernantes sino para consolidarlos en el poder.

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