En silencio, el gobierno de Javier Milei dio marcha atrás con los puntos más polémicos del Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que había enviado la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Era un documento secreto de 170 páginas que, según las fuentes consultadas y el análisis de su redacción original, entreabría la puerta a tareas de espionaje ilegal contra opositores, economistas, movimientos sociales y periodistas. Las modificaciones a ese texto original fueron confirmadas a LA NACION por tres fuentes al tanto de las correcciones y enmiendas.

Desarrollado por el entonces titular de la SIDE, Sergio Neiffert, y sus máximos colaboradores, el PIN fija cuáles son los lineamientos estratégicos del país para, en base a esos lineamientos, trazar los objetivos generales y las acciones particulares que debe adoptar la comunidad de inteligencia para impulsarlos o defenderlos. Pero la redacción libertaria levantó polvareda cuando LA NACION reveló sus aspectos más controvertidos, el 25 de mayo pasado. Tras esa publicación y el debate político y social que generó, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso emitió en septiembre un dictamen crítico sobre el documento.

“Es cierto, eliminaron los aspectos más controvertidos del PIN y lo reenviaron a la comisión después de las elecciones de octubre”, indicó una de las fuentes consultadas, que requirió resguardar su identidad por tratarse de secretos oficiales. “Sólo puedo decirle que la SIDE receptó la mayoría de las observaciones que le hicieron los legisladores”, abundó.

En su redacción original, el PIN afrontó cuestionamientos porque la SIDE determinaba que quedaban bajo su lupa todos aquellos que buscaran “erosionar” la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios a cargo de velar por la seguridad de la Nación, sin precisar si aludía a agentes de otras naciones o a expertos, periodistas y ciudadanos que cuestionaran los operativos de la entonces ministra Patricia Bullrich para evitar los cortes de tránsito, por ejemplo, frente al Congreso.

La SIDE libertaria también fijó como foco de interés de su primer PIN a aquellos “actores” que promovieran la “distorsión” de la “percepción” y afectaran los procesos “cognitivos” de la opinión pública. Por ejemplo, a través de las nuevas tecnologías y, en particular, por medio de la inteligencia artificial. Eso, con la nueva redacción, quedó atrás, confirmaron dos de las fuentes consultadas a LA NACION.

“Quitaron todo lo que se prestaba al espionaje interno o lo modificaron o insertaron aclaraciones y salvedades, para transmitir antes de que se fuera Neiffert que querían cumplir con todo o que no querían problemas”, graficó una de las fuentes consultadas. “Cuando aludían al proceso ‘cognitivo’, por ejemplo, indicaron que aludían a agentes ‘externos’, como otros países”.

Así, al decir de las fuentes consultadas, Neiffert y sus colaboradores también habrían editado su foco sobre aquellos “actores” que pudieran generar una “pérdida de confianza” en las “políticas económicas” del Gobierno, sin precisar quiénes podrían quedar bajo la lupa. También, sobre aquellos que pudieran “manipular” a la opinión pública durante los procesos electorales o propagar la “desinformación”.

Desde el Congreso, en tanto, marcan otro foco de interés o preocupación: el decreto 941/2025, que Milei firmó a fin de año, sin debate parlamentario. Así, mientras el Gobierno reescribía los pasajes más cuestionados del Plan de Inteligencia , el Presidente amplió por decreto las facultades de la SIDE, que quedó facultada a detener personas sin control judicial previo y al cruce masivo de información y datos personales.

La renovación del Poder Legislativo dejó a la comisión bicameral en suspenso, a la espera de una definición sobre quiénes serán sus nuevos integrantes, que a su vez deberán analizar la nueva versión del Plan de Inteligencia Nacional, que todavía no recibió su revisión definitiva. Para algunas fuentes consultadas, eso implica la vigencia de la versión más polémica del documento; otras fuentes no comparten esa interpretación.

“Nosotros damos por vigente el PIN que se envió al Congreso, con las correcciones, aunque no esté perfeccionado con el visto bueno de la comisión”, indicó una cuarta fuente consultada por LA NACION. “El motivo es sencillo: el Plan lo redacta el Ejecutivo y recibe observaciones y sugerencias de la comisión, que tiene facultades para revisarlo y observarlo, pero no para aprobarlo ‘per se’ o rechazarlo”.

De acuerdo con la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), cabe aclarar, la Comisión Bicameral ejerce el control parlamentario del Sistema de Inteligencia Nacional y tiene entre sus funciones supervisar las actividades, planes y recursos de los organismos de inteligencia para garantizar que su actuación respete las garantías constitucionales.

Acuerdo de revisión compartido

La decisión de editar y reescribir el Plan de Inteligencia Nacional se combinó con una maniobra orquestada entre los miembros oficialistas y kirchneristas de la Comisión Bicameral que benefició a ambos sectores. Juntos aprobaron en simultáneo el último año de gestión de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la presidencia de Alberto Fernández y el primer año de gestión de la SIDE de Milei.

“Fue durante la última reunión del año”, indicó, en alusión al encuentro que los senadores y diputados que integraban la Comisión Bicameral mantuvieron el martes 2 de diciembre, la semana previa a la renovación parcial de ambas cámaras del Congreso. “Se aprobó el año de gestión y esa misma tarde o al día siguiente, Neiffert se fue de la SIDE”, precisó.

Presidencia anunció la salida de Neiffert minutos antes de la medianoche del 2 y horas después publicó la designación al frente de la SIDE del contador Cristian Auguadra, otro alfil del asesor Santiago Caputo. La versión oficial es que había “concluido la primera etapa de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional” (SIN) y comenzaba la “modernización técnica y operativa” de la SIDE.

Desde el kirchnerismo, defendieron la maniobra en tándem con los libertarios. “Se aprobaron los balances y las rendiciones de partidas”, indicó una segunda fuente. “No había motivo para no aprobar los números. No encontramos ninguna irregularidad contable y la gestión de Neiffert, en cuanto a los números, fue bastante prolija y se comprobó que devolvieron al Tesoro los 100.000 millones [de pesos] que tenían que devolver después que les volteamos el DNU [por el decreto de necesidad y urgencia], más allá de las reasignaciones presupuestarias posteriores”, sostuvo.

Desde el kirchnerismo confirmaron lo que definieron como “una suerte de acuerdo” con el oficialismo, aunque afirmaron que fue “sólo con respecto al último año de la AFI [con Fernández] y el primero de la SIDE [con Milei], pero lo más ‘picante’ de este año ocurrió en 2025, con Scatturice”, afirmó el informante, en alusión al exagente de inteligencia, lobista y empresario dueño de FlyBondi, muy cercano a Santiago Caputo.

Otros, sin embargo, se mostraron más críticos sobre lo ocurrido. “Se pelearon o simularon sacarse chispazos dentro de la comisión durante todo el año, pero llegaron a la última reunión con el informe ya escrito y sin objeciones para hacerse de los dos lados, y lo aprobaron sin dar muchas vueltas”, resumió.

El entendimiento transaccional entre oficialistas y kirchneristas llegó sobre el filo de los mandatos de la mayoría de los 14 legisladores que integraban la comisión; entre ellos, de su presidente, el entonces senador Martín Lousteau (UCR), el vice, el diputado Leopoldo Moreau (Unión por la Patria), y el entonces senador Oscar Parrilli (Unión por la Patria) como secretario. En la actualidad, Lousteau es diputado y los dos restantes dejaron el Congreso.