Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

La Argentina compró la semana pasada Derechos Especiales de Giro (DEG) a Estados Unidos por US$808 millones para afrontar un pago de intereses con el Fondo Monetario Internacional (FMI) previsto para este domingo 1.° de febrero, que se hará efectivo en las próximas horas, según supo LA NACIÓN de fuentes oficiales y de personas con conocimiento directo del tema. Los DEG son un activo global creado por el propio organismo multilateral de crédito, del que cada país miembro tiene sus tenencias.

De acuerdo con el calendario del FMI, el país enfrenta un vencimiento por intereses por un monto similar al mencionado, un tipo de obligación que no puede ser unificada con otras, ni su cumplimiento puede ser postergado para fin de mes, como sí ocurre con los pagos de capital. Al cierre de esta nota, la operación no figuraba aún en los balances del Banco Central (BCRA) ni del Tesoro argentino, ni en los registros públicos de tenencias de DEG del FMI, lo que refuerza el carácter puntual y de corto plazo de la maniobra.  Sí aparece registrada en la página del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

El mercado laboral argentino ingresa en 2026 con señales mixtas y un rasgo que atraviesa todos los diagnósticos: la heterogeneidad. Después de un 2025 de rebote económico (el crecimiento habría sido cercano al 4,5% del PBI), las proyecciones de centros de estudios privados anticipan una expansión en torno al 3,5% para este año —según el último Relevamiento de Expectativa de Mercado (REM) recientemente publicado por el Banco Central (BCRA)—, con impactos desiguales sobre el empleo.

La tasa de desocupación se mantiene contenida, pero el avance del número de ocupaciones se concentra en el monotributo, el cuentapropismo informal y la informalidad, mientras el empleo asalariado privado formal sigue sin lograr despegar.

El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias que tendrán lugar desde este lunes 2 de febrero hasta el 27 del mismo mes. En el mismo decreto en el que se determinó el llamado a sesionar se definieron los temas a debatir: modificación a la ley de glaciares, la modernización laboral, la aprobación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y la consideración de un acuerdo para la designación de Fernando Iglesias como embajador.

Sin embargo, mediante otro decreto firmado por Javier Milei y Manuel Adorni, el pasado martes el Gobierno agregó a ese temario el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad.

El paréntesis veraniego terminó hace unos días. Para el Gobierno y el sistema político ya no hay por delante días asegurados de relax como los que les brindó enero. El cambio de mes acelerará y profundizará lo que ya Javier Milei empezó a vivir y protagonizar en las últimas semanas.

Del fulgor dominante del escenario internacional se pasó al barro local sin muchas escalas. La pelea con el grupo Techint operó como un aperitivo (amargo) para cortar con varias dulzuras veraniegas y abrirle paso a la intensidad de la disputa que comenzará esta semana por la reforma laboral en el Senado y fuera de él.

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El megajuicio de los Cuadernos de las Coimas reanudará el martes próximo su marcha tras la feria judicial de enero. Ese día, Cristina Kirchner, todavía restableciéndose de un bajón en su salud que la tuvo internada durante el fin de año, encabezará la ola de objeciones que exfuncionarios y empresarios dirigirán contra el proceso en general, con pedidos de nulidad y otros planteos que buscarán minar las bases del debate judicial.

Confinada en su domicilio de San José 1111 por la condena a 6 años de prisión en la causa Vialidad, la expresidenta se encuentra aún recuperándose del complejo cuadro de apendicitis que la mantuvo internada en el Sanatorio Otamendi los últimos días de 2025 y los primeros de este año. Quienes la frecuentaron en el último tiempo la notaron algo disminuida y con los ánimos replegados, e incluso un poco “más flaca” de lo habitual tras la intervención. Pero en su entorno remarcan, sin embargo, que la exjefa del Estado pudo superar el cuadro de desánimo y mira hoy hacia adelante para afrontar las causas judiciales en su contra.

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CÓRDOBA.- En la apertura del año legislativo cordobés, el gobernador Martín Llaryora mostró un video con las obras realizadas durante su gestión, aseguró que no traspasará la Caja de Jubilaciones provincial a la Nación y anunció que el próximo año habrá “nuevas rebajas impositivas”.

En la primera fila de la ceremonia que se realizó en Laboulaye, en el sur cordobés, estuvieron los referentes de la oposición, el senador Luis Juez y sus socios libertarios, los diputados Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca, y el radical Rodrigo de Loredo.

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Hace largas horas que el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y la exministra Patricia Bullrich mantienen un tenso cruce desde sus cuentas en la red social X por cuestiones de inseguridad en la provincia más populosa del país y el proyecto oficialista por una nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.

El intercambio comenzó cuando Bullrich respondió a un mensaje del gobernador Axel Kicillof, quien había planteado que, si bien la Argentina necesita un nuevo régimen penal juvenil, bajar la edad de imputabilidad “no va a resolver los problemas de fondo”. “No hay soluciones mágicas; se necesita un esfuerzo integral entre los tres poderes del Estado, trabajo serio y planificación”, escribió el mandatario bonaerense.

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USHUAIA -. En medio de la intervención del puerto de Ushuaia y las dificultades económicas en la provincia, se reactiva el conflicto entre dos aliados de Fuerza Patria en Tierra del Fuego. La decisión del gobierno de Gustavo Melella de retener un mayor porcentaje de los fondos que suelen coparticiparse a los municipios y el silencio del intendente de la ciudad capital, Walter Vuoto, respecto de la intervención del puerto, tensionan el vínculo entre ambos mandatarios.

En Tierra del Fuego, miles de familias carecen de conexión a la red de gas y dependen del gas envasado (también conocido como GLP). Debido a su elevado costo, el gobierno provincial ofrece un subsidio sobre este servicio a través del Fondo de Prestaciones Prioritarias (FPP), que se financia con parte de Ingresos Brutos, el mismo impuesto que se coparticipa en un 46% a sus tres ciudades: Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Hasta este mes, la alícuota representaba el 7% del tributo en cuestión.

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