CIUDAD DE PANAMÁ.– La Corte Suprema de Panamá determinó el jueves por la noche que la concesión otorgada a una subsidiaria de CK Hutchison Holdings, uno de los mayores conglomerados de Hong Kong, para operar puertos en los extremos del Canal de Panamá era inconstitucional, un fallo que impulsa el objetivo de Estados Unidos de bloquear cualquier influencia de China sobre la estratégica vía fluvial.

La decisión judicial se produjo tras una auditoría realizada por la contralora de Panamá, que alegó irregularidades en la extensión por 25 años de la concesión otorgada en 2021.

El gobierno del presidente norteamericano, Donald Trump, ha hecho de bloquear la influencia de China sobre el Canal de Panamá una de sus prioridades en el hemisferio. Panamá fue el primer país que visitó el secretario de Estado, Marco Rubio, tras asumir como jefe de la diplomacia de Washington.

A pesar de la insistencia del gobierno de Panamá y de la autoridad del canal de que China no tiene influencia sobre sus operaciones, Rubio indicó que Estados Unidos consideraba la operación de los puertos como un asunto de seguridad nacional.

“Hemos sido muy maltratados con este tonto regalo que nunca debió ser otorgado. La promesa que nos hizo Panamá no se ha cumplido (...) China opera el Canal de Panamá, y no se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá. Y lo vamos a recuperar", llegó a decir el magnate republicano durante su toma de posesión hace un año.

Washington y Pekín son los principales usuarios de esta ruta por la que transita cerca del 5% del comercio marítimo mundial.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, afirmó que pese a la importancia e impacto de la anulación de los contratos, los puertos del país seguirán operando sin interrupciones.

Indicó además que APM Terminals Panamá, filial de la empresa danesa de logística Maersk, se mostró dispuesta a asumir temporalmente la operación de las terminales y aseguró que no habrá despidos.

Reacciones en Hong Kong y China

La subsidiaria de CK Hutchison, Panama Ports Company (PPC), dijo que aún no ha sido notificada sobre la decisión, pero insistió en que su concesión fue el resultado de una licitación internacional transparente.

En un comunicado, indicó que el fallo “carece de base legal y pone en peligro no solo a PPC y su contrato, sino también el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas que dependen directa e indirectamente de la actividad portuaria, así como el Estado de derecho y la seguridad jurídica en el país”.

La compañía apuntó que se reserva todos los derechos para emprender acciones legales en Panamá o en otros lugares, pero no ofreció más detalles.

El gobierno de Hong Kong rechazó rotundamente el fallo y señaló en un comunicado que se opone frontalmente a que cualquier gobierno extranjero utilice medios coercitivos, represivos o irrazonables para perjudicar seriamente los intereses comerciales de las empresas hongkonesas. Además, apuntó que el ejecutivo panameño debería respetar el espíritu de los contratos y proporcionar un entorno empresarial justo.

“Dada la situación actual en Panamá, las empresas de Hong Kong deberían revisar cuidadosamente sus inversiones existentes y futuras allí”, señaló la nota.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, advirtió que Pekín “tomará todas las medidas necesarias para proteger de manera decidida los derechos legítimos y los intereses de las empresas chinas” y se hizo eco de los argumentos de PPC.

También rechazó “firmemente” el fallo el gobierno de Hong Kong, que denunció en un comunicado que “cualquier gobierno extranjero use medios coercitivos, represivos u otros métodos” para interferir en las relaciones comerciales.

El acuerdo que enfureció a Pekín

CK Hutchison Holdings anunció el año pasado un acuerdo para vender su participación mayoritaria en los puertos panameños y en otros en otras partes del mundo a un consorcio internacional que incluía a BlackRock Inc. Pero el acuerdo pareció estancarse debido a las objeciones del gobierno chino.

Pekín respondió calificando el acuerdo como una transacción que traicionaría “a todo el pueblo chino”.

El arreglo permitiría a Estados Unidos “utilizarlo con fines políticos y promover su propia agenda política”, escribió Ta Kung Pao, un periódico de Hong Kong propiedad del gobierno chino y ampliamente considerado un vocero de Pekín, en un comentario editorial.

Posteriormente, CK Hutchison anunció que estaba considerando invitar a otro inversor, de China, a sumarse al acuerdo.

Medios chinos informaron que el inversor sería Cosco, el gigante naviero estatal chino. Analistas señalaron que esa decisión fue, con toda probabilidad, un movimiento para apaciguar a Pekín. Por el momento, sin embargo, CK Hutchison no ha vuelto a pronunciarse al respecto.

La incómoda posición en la que está la compañía subraya los desafíos que enfrentan las élites empresariales de Hong Kong a la hora de lidiar con las expectativas de lealtad nacional de Pekín, especialmente cuando se tensan las relaciones entre China y Estados Unidos. CK Hutchison es propiedad de la familia del hombre más rico de Hong Kong, Li Ka–shing.

En paralelo, la contralora de Panamá auditó la concesión a Panama Ports Company, que había tenido el contrato para operar los puertos de Balboa y Cristóbal, situados en sendas entradas del canal, desde 1997. La concesión fue renovada por 25 años en 2021, durante el anterior gobierno panameño.

La contralora Anel Flores dijo que la auditoría encontró pagos que no se realizaron, errores contables y la aparente existencia de concesiones “fantasma” operando dentro de los puertos desde 2015. La empresa refutó esas acusaciones.

La auditoría determinó que las irregularidades le habían costado al gobierno alrededor de 300 millones de dólares desde que se extendió la concesión y un estimado de 1200 millones durante el contrato original de 25 años.

Flores también dijo que la extensión fue otorgada sin el respaldo de su oficina, como es requerido.

Mulino había considerado en varias ocasiones que la concesión era fruto de un contrato “leonino” y “contrario a los intereses nacionales”.

El 30 de julio, la contralora impugnó ante la Corte Suprema el contrato de Panama Ports Company para operar los puertos.

Agencias AP, AFP y diario The New York Times