US$1400 millones: alertan que la Unión Europea dejará de comprar biodiésel de soja y aceite de la Argentina

Los exportadores de granos y subproductos alertaron hoy que la Unión Europea frenará las compras de biodiésel de soja y aceite de la Argentina y de otros países si prospera una dura normativa. No incluye la harina de soja, el producto de mayor valor de exportación.

Así lo señaló la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), que advirtió: “La Comisión Europea publicó recientemente un documento por el cual modifica los criterios relacionados con el riesgo de ILUC (cambio indirecto de uso del suelo) mediante la revisión de la expansión de los cultivos que se usan para producir biodiésel a nivel global”.

Según la cámara, la Comisión Europea concluyó que “la soja ingresa por primera vez a esa categoría de alto riesgo ILUC; es decir, al mismo nivel que el aceite de palma”. Una alta fuente oficial reconoció que se trata de “un tema de preocupación” para el país. Según destacó se está analizando la situación y se harán todas las gestiones necesarias con la Comisión Europea para evitar que esta propuesta tenga impacto sobre las exportaciones de la Argentina. La misma fuente aclaró que se trata de “una propuesta que está puesta a consideración en consulta pública”.

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El año pasado se hicieron exportaciones de biodiésel a ese mercado por 280.000 toneladas, que representaron unos US$350 millones. A esto se le sumaron las ventas de aceite de soja para uso industrial por 45.000 toneladas, que permitieron divisas por US$50 millones.

Sin embargo, en la industria aclararon que el potencial total del mercado asciende a alrededor de US$1400 millones, dado que la cuota que tiene la Argentina para biodiésel es de 1,2 millones de toneladas.

“Esto significa que la UE no importará más biodiésel de soja o aceite de soja para uso de biodiésel para siempre. El único aceite autorizado será el de colza, que es producido en la UE”, señaló.

Para Ciara-CEC, “de prosperar este proyecto y sea adoptado este año, todas las exportaciones de biodiésel de soja desde la Argentina, Brasil y los Estados Unidos quedarán fuera de mercado europeo, representando para el país un daño comercial de 350 millones de dólares anuales [de biodiésel en 2025], así como el cierre de la industria en la Argentina dado que es el único mercado de exportación".

Gustavo Idígoras, presidente de la cámara exportadora, consideró que la medida es “una barrera injustificada al comercio”. Aclaró también que en años previos se llegó a cumplir con la cuota que tiene la Argentina [1,2 millones de toneladas], pero generalmente “depende de la demanda europea”.

“El concepto de cambio indirecto del uso del suelo es un invento para eliminar competencia a las fábricas europeas de biodiésel y dejarnos afuera del único mercado”, señaló. El ejecutivo agregó: “Vamos a presentar información técnica que demuestra que la superficie sembrada de soja en la Argentina no crece; de hecho, viene bajando la superficie desde hace más de una década. Además, no se pierde reserva de carbono en el suelo, pero todos sabemos que esto no es un debate científico sino político, porque la Unión Europea (UE) quiere compensar a los países que se quejan del acuerdo con el Mercosur y entonces cierran el mercado para productos competitivos de la Argentina”.

Explicó que el sector está en conversaciones con Cancillería y el Ministerio de Economía “para tener una estrategia de defensa agresiva”. No se descarta llevar el tema a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Según los registros históricos, en 2019 la Argentina envió a Europa 1.015.007 toneladas de biodiésel. En 2020 se exportaron 597.292 toneladas. En tanto que en 2021 fueron 1.272.295 toneladas. Además, en 2022 se ubicaron 1.222.374 toneladas. Y, en 2023, fueron 304.450 toneladas, marcando una fuerte caída. En 2024 se posicionaron en 383.338 toneladas.

Según explicó Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), el caso más emblemático es el del biodiésel, un mercado que hoy está condicionado por una cuota acordada con la Unión Europea. “Tiene una cuota de más o menos 1,2 millones de toneladas que no todos los años usamos y que depende de los precios”, señaló.

Recordó que la Argentina ya enfrenta una restricción estructural en el biodiésel de soja. “Ya tenemos una restricción con el biodiésel existente que está dada por este acuerdo que firmó la Argentina con la Unión Europea de restringir el volumen a una cuota y a un nivel de precios”, explicó, y aclaró que se trata de una variable que cambia año a año.

No obstante, remarcó que la industria tiene capacidad instalada para cumplir con ese volumen. “Lo importante es que tenemos el objetivo de cumplir con esa cuota, tenemos capacidad para mover ese millón doscientas mil toneladas”, afirmó, aunque advirtió que no siempre es posible. “A veces no podemos por una cuestión de precios, pero esto nos va a cerrar esa puerta absolutamente”, resumió.

Por otra parte, Marcelo Elizondo, analista y consultor en negocios internacionales, sostuvo que la Unión Europea viene profundizando una política de regulación excesiva con impacto directo sobre el comercio y la producción por razones ambientales, no solamente al comercio internacional, sino a su propia producción. Advirtió que ese enfoque está “generando serios problemas de competitividad y de eficiencia, en la medida en que le agrega costos a la producción local”.

En relación con la normativa conocida, Elizondo señaló que, aunque aún no hay certeza sobre su aplicación, “lo más probable es que ocurra porque se está cambiando una normativa”. En ese marco se consideró que se trata de “una disposición que tiene una raíz más política que técnica”, vinculada a la necesidad de dar respuesta a sectores críticos del acuerdo Mercosur–UE. “No tiene justificación en la medida en que a la Argentina no debería afectarle esta medida, porque la Argentina no está dentro de las categorías que esta medida está previendo en términos de cambio de uso de suelo para la soja”, afirmó, y remarcó que “la producción de soja en la Argentina no solo no crece, sino que ha decrecido”.

En términos más generales, Elizondo planteó que la UE “es un mercado excesivamente regulacionista” que utiliza criterios ambientales “con algunos propósitos bien intencionados pero altamente antieconómicos”, lo que termina afectando la productividad, la competitividad y, en muchos casos, “al libre comercio internacional”. En ese sentido, advirtió que el acuerdo de integración con la UE implicará vincularse “con un socio complejo” que, más allá de la reducción arancelaria, mantendrá “políticas no arancelarias excesivamente exigentes, en muchos casos injustificadamente exigentes, y eso obstruye el comercio”.

Por último, Elizondo encuadró esta situación en un escenario global de crecientes restricciones al comercio. “[Donald] Trump, por un lado, acude a la política arancelaria, pero las restricciones no arancelarias, como las que impone en gran medida la UE por razones sanitarias, ambientales o de seguridad, son también una restricción al libre comercio”, explicó, y agregó que incluso “hacen menos competitiva a la propia economía europea”. Si bien reconoció que no todas las exigencias ambientales o sanitarias son negativas y que “la Argentina tiene capacidad para cumplirlas”, advirtió que “hay cambios sobre la marcha que plantean exigencias excesivas” y que, en casos como este, responden más a “una motivación política interna doméstica vinculada con la discusión del acuerdo Mercosur–UE”.