Qué explica la victoria de Kast y qué cambia en la economía chilena

La segunda vuelta presidencial en Chile cerró con un resultado contundente. Kast alcanzó 58,2% y Jara 41,8%, con una diferencia de 16,4 puntos porcentuales. En términos políticos, el margen de victoria entrega una base inicial de autoridad para ordenar prioridades y marcar el ritmo del inicio de gestión.

La geografía del voto también importa. El presidente electo ganó en todas las regiones, un rasgo que tiende a reducir la lectura de “dos países” que suele aparecer cuando las capitales y las periferias votan en direcciones opuestas. Esa cobertura territorial, sin embargo, no elimina tensiones: apenas define dónde empieza el capital político.

En el plano institucional, la transición se encamina con señales de normalidad democrática: reconocimiento de la derrota por parte de la candidata y coordinación del traspaso con el gobierno saliente. Para el mercado, ese orden no es un detalle. Cuando el recambio se procesa con previsibilidad, baja el costo de esperar definiciones y se acorta el período de parálisis de inversión.

Participación alta y voto no válido como síntoma

La participación se ubicó en torno a 84,9%, un dato consistente con el voto obligatorio. El número relevante, por contraste, es el de votos nulos y blancos: 7,1%. En segundas vueltas, ese porcentaje suele ser más bajo. Su salto funciona como indicador de distancia, fastidio o falta de identificación con la oferta final.

La coexistencia de una victoria amplia con un voto no válido elevado introduce una tensión de economía política. Hay mandato para gobernar, pero hay también un segmento que prefirió no convalidar a ninguno. Esa grieta silenciosa se vuelve visible cuando las reformas tocan precios, empleo público, subsidios o seguridad, y el clima social se vuelve el verdadero “termómetro” del programa.

Para los agentes económicos, el mensaje es doble. Por un lado, el resultado reduce incertidumbre electoral y permite rearmar planes. Por otro, el voto no válido anticipa que la calle puede marcar límites si la agenda se percibe como unilateral o demasiado rápida en su ejecución.

Un mapa por macrozonas y una lectura productiva

El desempeño territorial, observado por macrozonas, muestra que la ventaja del ganador se consolida tanto en el norte como en el sur, mientras que la Región Metropolitana sostiene un peso decisivo por volumen. En el norte, el resultado suele asociarse con demandas de seguridad y con la sensibilidad de las economías regionales a empleo e inversión. En la Región Metropolitana, el voto concentra tensiones de ingresos, vivienda y servicios. En el sur, la discusión pública agrega conflictividad territorial y logística.

Ese mapa dialoga con la estructura productiva chilena. La macrozona norte concentra minería y encadenamientos de energía, transporte y servicios. Cuando el norte acompaña al ganador, el mercado lee una expectativa de continuidad operativa y foco en condiciones para exportar. En paralelo, la Región Metropolitana opera como un indicador de consumo y clima social. Si allí el humor se deteriora, la economía lo siente primero en comercio y empleo urbano.

La lectura regional también condiciona prioridades de política pública. No es lo mismo anunciar un plan de ajuste con el norte empujando inversión minera que hacerlo con el consumo metropolitano débil. La secuencia, en ese sentido, puede ser tan importante como el contenido.

Ajuste fiscal y rebaja impositiva: la ecuación de la credibilidad

Entre los ejes económicos anunciados aparece un recorte del gasto público por US$ 6.000 millones. La cifra, por sí misma, es una señal. Lo decisivo será la composición: si el ajuste recae en eficiencia, reasignación y programas de baja efectividad, la resistencia social tiende a ser menor. Si se percibe como poda indiscriminada, el conflicto se acelera.

A la vez, se plantea una baja del impuesto corporativo a 23% y una agenda de simplificación regulatoria. En términos de inversión, el mensaje es claro: mejorar incentivos para producir y contratar. La pregunta fiscal es inevitable: cuánto de esa rebaja se compensa con crecimiento, cuánto con mejor administración tributaria y cuánto con recortes efectivos de gasto.

La historia regional muestra que los programas que combinan ajuste y baja de impuestos suelen sostenerse si logran un “puente” de confianza. Ese puente se construye con reglas estables, cronogramas creíbles y capacidad de ejecución. Si la política se traba en el Congreso o en la calle, el programa pierde consistencia y el sector privado vuelve a modo defensivo.

En notas previas, Mercado mencionó a José Luis Daza como uno de los nombres que circulan para encabezar el Ministerio de Hacienda en un eventual gobierno de Kast, en un contexto marcado por su rol en el equipo económico argentino. 

Infraestructura por concesiones: inversión de largo plazo con exigencias de corto

El plan de concesiones en infraestructura apunta a destrabar proyectos en agua, salud, cárceles y transporte. Este instrumento puede movilizar capital de largo plazo y acelerar obras sin cargar todo el peso en el presupuesto anual. Pero exige contratos sólidos, mecanismos de ajuste previsibles y una autoridad regulatoria capaz de evitar conflictos posteriores.

En Chile, el atractivo de las concesiones se apoya en la reputación institucional acumulada. La transición abre una prueba: si la nueva administración refuerza esa lógica y reduce incertidumbre regulatoria, el flujo de proyectos puede ganar velocidad. Si, por el contrario, el debate se politiza y se revisan contratos sin criterios claros, el costo de capital sube y el calendario se alarga.

Para la economía real, la infraestructura tiene un efecto más lento que los anuncios fiscales. El impacto aparece con el avance de obra, el empleo asociado y la mejora logística. Por eso, su valor como señal depende del cronograma y del financiamiento, no de la enumeración de sectores.

Seguridad como variable económica

La agenda de seguridad aparece como eje, con énfasis en control territorial, fronteras, inteligencia, reforma penitenciaria y combate al comercio ilícito. En el mundo empresario, seguridad no es un tema de “clima”; es un costo. Incide en logística, seguros, horarios, inversión en resguardo y productividad.

Sin embargo, la seguridad también puede generar tensión si se ejecuta sin calibración institucional. El desafío es doble: reducir el delito y sostener estándares de legalidad y control democrático. Cuando ese equilibrio se rompe, la economía paga por otra vía: conflictividad, judicialización y deterioro de expectativas.

En el sur, además, la seguridad se enlaza con la continuidad operativa de rutas, cadenas de suministro y proyectos productivos. Cada interrupción, por pequeña que sea, se amplifica en costos. Por eso, la efectividad de esta agenda puede ser uno de los indicadores tempranos que mirará el mercado.

Salud y previsión social: señales a hogares y capitales

En salud, la prioridad declarada es reducir listas de espera. En términos económicos, esto toca productividad, ausentismo y bienestar, con impactos indirectos sobre consumo y empleo. El punto crítico vuelve a ser la ecuación fiscal: cómo mejorar prestaciones sin desordenar el gasto, especialmente si se sostiene una meta de ajuste.

En previsión social, la reafirmación de la propiedad individual de los fondos y el rechazo a mecanismos de financiamiento estatal con esos recursos se interpreta como una señal hacia el ahorro interno y el mercado de capitales. Para la inversión, ese mensaje pesa por su efecto sobre estabilidad de reglas. Para los hogares, la discusión se conectará con suficiencia de jubilaciones, comisiones y cobertura.

En este frente, la experiencia chilena muestra que las definiciones no se agotan en una frase. Dependen de la letra fina: parámetros de aportes, incentivos al ahorro, solidaridad y estructura de beneficios. Allí se jugará parte de la legitimidad social del ciclo que empieza.

Lo que sigue: ejecución, Congreso y clima social

Con una victoria amplia, el presidente electo llega con margen inicial. Ese margen, en Chile, se prueba rápido en el Congreso, donde las reformas requieren acuerdos y donde el calendario legislativo puede ordenar o desordenar expectativas. La clave será la secuencia: qué se envía primero, qué se negocia, qué se posterga.

El otro frente es el clima social. La participación alta y el voto no válido elevado dibujan un electorado movilizado, pero no necesariamente alineado. En ese escenario, la gobernabilidad se construye con resultados tangibles en empleo, seguridad y servicios, más que con consignas.

El ciclo 2025 abre, entonces, con una paradoja útil para “entender”: una victoria que clarifica quién gobierna, y una señal que advierte que el respaldo no es cheque en blanco. La economía chilena, como siempre, no responderá solo a anuncios, sino a la capacidad de convertirlos en reglas, obras y rutinas estables.

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