Milei envió al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Glaciares: qué dice

El presidente Javier Milei envió al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares Nº 26.639, según informó este domingo la Oficina del Presidente mediante un comunicado oficial. La iniciativa busca “ordenar de manera urgente” el marco normativo ambiental y “consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”.

El comunicado, difundido el 15 de diciembre, plantea una crítica frontal a la normativa vigente desde hace 15 años. “La mal llamada Ley de Glaciares ha demostrado graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales”, señala el texto oficial.

Glaciares: una ley cuestionada desde su origen

Según el Gobierno, la Ley 26.639 presenta problemas estructurales que justifican su reforma. “Esta norma propone reglas claras: protege los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalece los estándares ambientales vigentes y elimina la discrecionalidad que, bajo pretextos ideológicos, obstruyó el desarrollo económico del país”, sostiene el comunicado.

El proyecto oficial apunta directamente a redefinir conceptos clave de la legislación actual, especialmente el controvertido término de “ambiente periglacial”, que ha sido objeto de disputas judiciales desde la sanción de la ley original.

El documento presidencial enfatiza dos pilares constitucionales para respaldar la reforma. En primer lugar, destaca el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece la obligación de “proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano”. Este argumento apunta a rebatir las acusaciones de que el proyecto debilita la protección ambiental.

El segundo punto se centra en el artículo 124, que reconoce a las provincias como “dominio originario de sus recursos naturales”. Según el texto oficial, la reforma busca “fortalecer el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconoce su capacidad técnica y científica, y promueve una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares”.

Este enfoque representa el núcleo de lo que el Gobierno denomina “federalismo ambiental”: transferir a las provincias la potestad de determinar qué zonas califican como ambientes periglaciares y, por lo tanto, quedan o no bajo protección legal.

La posición de la Cámara Argentina de Empresas Mineras

Desde el sector empresario minero, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) expresó su respaldo a una eventual revisión de la Ley de Glaciares, aunque remarcó la necesidad de preservar el espíritu original de la norma sancionada en 2010. En un comunicado difundido hoy, la entidad sostuvo que existe un “consenso unánime” respecto de la obligación de proteger “los glaciares y el ambiente periglacial que constituyan reservas estratégicas de recursos hídricos”, tal como lo establece el artículo 1° de la Ley 26.639.

No obstante, CAEM afirmó que la legislación vigente requiere aclaraciones, al considerar que “no todos los glaciares y el ambiente periglacial constituyen reservas estratégicas de recursos hídricos”. En ese sentido, planteó que la identificación de las áreas que deben quedar bajo protección debe realizarse “caso por caso”, con base en estudios específicos y en la opinión de expertos técnicos y científicos.

La entidad también puso el foco en el rol de las provincias, al recordar que la Constitución Nacional reconoce a los distritos como titulares del dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios. Según CAEM, la determinación y delimitación de los glaciares y ambientes periglaciares protegidos debe contemplar esa competencia provincial, en línea con un esquema de coordinación entre los distintos niveles del Estado.

En su pronunciamiento, la cámara empresaria señaló que una redacción más precisa de la ley permitiría reducir la incertidumbre jurídica y facilitar el desarrollo de actividades productivas y de infraestructura “en un marco de total respeto por el cuidado ambiental y del recurso hídrico”. En ese punto, vinculó la discusión normativa con la generación de empleo y el desarrollo económico, al afirmar que una mayor previsibilidad contribuiría a mejorar las condiciones para la inversión.

Finalmente, CAEM citó antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que al analizar la Ley de Glaciares sostuvo que sus controversias debían resolverse “por el diálogo federal antes que por la intervención de los jueces”. Para la entidad, ese camino exige una actuación conjunta y coordinada entre la Nación y las provincias, con el objetivo de proteger los glaciares estratégicos sin que ello resulte incompatible con un esquema de desarrollo sostenible.