Los agricultores acusan a la administración Trump de fabricar pruebas para cancelar $300 millones en subvenciones

Leah Atwood estaba consternada. Era a finales de marzo, y durante días ella y sus colegas en Agroecology Commons habían estado gestionando decenas de correos electrónicos que les alertaban sobre la cancelación de subvenciones dirigidas a un programa del Departamento de Agricultura de EE. UU. valorado en 300 millones de dólares. Una tras otra, en el transcurso de una sola semana, 49 de los 50 beneficiarios recibieron notificaciones del USDA informándoles de que sus subvenciones habían sido canceladas.

"Este artículo fue publicado originalmente por Grist. Suscríbete al boletín semanal de Grist aquí.

Al final del mes, Agroecology Commons aún no había recibido ninguna notificación del USDA. Mientras sus homólogos intentaban recomponer los pedazos, parecía que su subvención de 2,5 millones de dólares, estructurada en gran parte para ayudar a agricultores de color a adquirir y mantener tierras, permanecía intacta. Todo lo que podían hacer era esperar. La resignación se instaló — después de todo, ya habían estado en esta situación antes.

Poco después de que el presidente Donald Trump regresara al cargo el pasado enero, su administración lanzó una campaña generalizada para eliminar iniciativas que consideró derrochadoras o desalineadas con su agenda política. En el USDA, eso ha significado recortar miles de millones en subvenciones y desmantelar una mezcla de programas federales nuevos y consolidados que la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, ha enmarcado repetidamente como el intento de la administración de "detener el gasto derrochador".

Durante el primer año de la administración, Agroecology Commons perdió múltiples subvenciones en medio de la purga de financiamiento del USDA. En respuesta, la organización sin fines de lucro presentó una demanda conjunta contra la agencia, alegando que las subvenciones fueron canceladas ilegalmente. En agosto, un juez concedió a los demandantes una medida cautelar preliminar que les restauró el acceso a parte del dinero hasta que el tribunal emita su resolución definitiva basada en los méritos del caso.

Los otros 49 beneficiarios de las subvenciones de Acceso a Tierras, Capital y Mercados recibieron correos electrónicos de cancelación del USDA durante esa semana de marzo. En sus cancelaciones por escrito, que daban a los beneficiarios dos días hábiles de aviso, Steven Peterson, administrador asociado de la Agencia de Servicios Agrícolas del USDA, explicó a los beneficiarios que su programación no se alineaba con las prioridades de la agencia y que su estructura de financiamiento no era acorde con la intención del Congreso. Utilizó el mismo lenguaje sobre reducir el despilfarro y discontinuar los esfuerzos DEI que se había vuelto habitual en la administración. Pero mientras la administración tendía a ser vaga en sus afirmaciones de despilfarro y fraude, la carta de Peterson fue sorprendentemente específica.

"Casos de gastos excesivos o frívolos", escribió, "como la compra de glorietas, masajes, una autocaravana/RV, y presupuestos desproporcionados para material de oficina (en un caso, más de 130.000 dólares) — en lugar de tierras son un insulto a los contribuyentes".

A pesar de todo, Agroecology Commons aún no había tenido noticias.

Las preguntas giraban en toda la red de beneficiarios, pero nadie podía explicar por qué el proyecto de Agroecology Commons era el único que se había salvado. El equipo de Atwood presumió que su subvención no fue cancelada debido al litigio en curso. Ahora, continúan esperando para ver si su financiamiento también desaparecerá de repente.

"Estamos intentando lograr todo lo que podamos en el tiempo que tenemos, porque no sabemos cuándo va a ser cancelado", dijo Atwood. "Es una realidad extraña".

Ni Agroecology Commons ni ninguno de los otros beneficiarios de subvenciones con los que habló Grist parece saber quién pudo haber realizado esos gastos.

Kavita Koppa ayuda a dirigir RAFI, una organización agrícola con sede en Carolina del Norte que fue una de las 49 subvenciones canceladas; se les había otorgado 8,5 millones de dólares para ayudar a productores agrícolas en Carolina del Norte, Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU.

Koppa dice que RAFI estaba aproximadamente a la mitad de su contrato de cinco años con el USDA y había gastado aproximadamente 1,1 millones de dólares cuando llegó la notificación de cancelación. Desde el principio, casi 2,3 millones de dólares de su premio total habían sido reservados para subvenciones de apoyo a la adquisición de tierras y acceso al mercado por parte de los agricultores, con alrededor de 400.000 dólares de esa cantidad reservados para que RAFI adquiriera parcelas de tierra en nombre de los agricultores. Otros 1,9 millones de dólares fueron presupuestados para costos de gestión del proyecto, que incluían las tarifas asociadas con la verificación del cumplimiento financiero en auditorías federales, abogados para la adquisición de tierras agrícolas y tarifas de traducción; y luego 350.000 dólares para un conjunto de actividades misceláneas del proyecto, como pagar a ponentes invitados en talleres, contratar redactores de informes y distribuir masivamente copias impresas de recursos para agricultores. Los últimos 3,9 millones de dólares fueron presupuestados para asistencia técnica, una cifra que abarcaba los presupuestos completos de los cinco subbeneficiarios con los que RAFI estaba trabajando en el proyecto.

"Bajo el pretexto de aumentar el acceso a la tierra para los productores, el programa ILA no incluía ningún requisito mínimo de apoyo directo al productor", dijo un portavoz del USDA a Civil Eats en marzo. "En cambio, el programa permitió el abuso de fondos federales, incluidos gastos en la compra de una ahumadora para barbacoa, construcción de una glorieta, masajes, y para un beneficiario, un presupuesto de 20.000 dólares solo para bolígrafos. No es de sorprender que una mirada detrás del telón de este programa de la era Biden revelara el uso indebido escandaloso del dinero de los contribuyentes por un total de casi 300 millones de dólares".

Koppa dice que nunca ha visto las partidas presupuestarias citadas por el USDA. "Los detalles fueron impactantes", dijo. "Nosotros no hicimos esas cosas. ¿Por qué nos tratan como si hubiéramos hecho algo poco ético o derrochador?"

Breanna Horsey, directora ejecutiva de Sustainable Iowa Land Trust, quien lideró otro proyecto de acceso a la tierra para ampliar la capacidad de los agricultores de frutas y verduras de Iowa para asegurar un acceso permanente y asequible a la tierra, también es categórica en que su subvención de 1,8 millones de dólares no tenía partidas para los gastos detallados en su notificación de cancelación. Anna Chotzen, de Viva Farms, gerente de proyecto de otro proyecto ILCMA al que se le otorgó una subvención de 2,5 millones de dólares para ayudar a agricultores principiantes e históricamente desatendidos en dos condados de Washington a acceder a tierras agrícolas, dijo lo mismo. Su equipo no tiene idea de dónde provienen esas partidas presupuestarias. Todo lo que sabe es que no fueron ellos.

Gloria Montaño Greene, ex subsecretaria adjunta de Producción y Conservación Agrícola del USDA en la administración Biden, quien ayudó a supervisar la creación del programa ILCMA, cuestiona la validez de las afirmaciones de gasto excesivo.

"Si esa cantidad de 20.000 dólares en bolígrafos fue incluida allí, ¿mostraron prueba de eso?" dijo Montaño Greene. "Que muestren la prueba, ¿verdad?"

Durante abril, al menos 45 de los 49 beneficiarios cuyas subvenciones fueron canceladas — incluidos dos subbeneficiarios — presentaron apelaciones contra la cancelación ante la División Nacional de Apelaciones, una oficina independiente del USDA, según ha sabido Grist. Según Amanda Koehler, consultora del programa de acceso a la tierra, a todos menos dos se les informó de que las cancelaciones de sus premios no son apelables porque la decisión de cancelar "era una cuestión de aplicabilidad general y no estaba basada en la aplicación individual de criterios específicos del programa". (Los dos pendientes, dijo Koehler, aún no han recibido respuesta.)

Ese hallazgo de la NAD debería someter la justificación del USDA para la cancelación a un escrutinio más riguroso, añadió, porque "subraya, en mi opinión, que las cancelaciones no se basaron en nada de lo que los beneficiarios hicieron o dejaron de hacer". Según su conocimiento, ninguno de los beneficiarios — incluido Agroecology Commons — tenía presupuestos que incluyeran ninguna de las afirmaciones que el USDA ha hecho sobre gastos derrochadores o fraudulentos.

"Esta cancelación no parece estar enraizada en nada relacionado con nuestra conducta con esta subvención", dijo Koppa de RAFI. "Parece ser parte de algún tipo de motivación más amplia en la que no estábamos siendo tratados de manera justa".

JohnElla Holmes, quien supervisa la Asociación de Agricultores Negros de Kansas, a la que se le otorgó una subvención de acceso a la tierra de 8,4 millones de dólares para ayudar a productores negros a adquirir tierras agrícolas en Kansas, Texas, Missouri, Oklahoma y Nebraska, dice que aproximadamente el 62 por ciento de la subvención de la organización estaba destinado a ir directamente a los agricultores. Alega que, tras el cambio de administración, el USDA tardó casi un año en proporcionar a su equipo las aprobaciones necesarias requeridas por la estructura presupuestaria integrada de la subvención para otorgar pagos a los agricultores. El pasado noviembre, Holmes dice que finalmente recibieron noticias de funcionarios de la FSA que solicitaron cambios en su documentación. Durante los dos meses siguientes, trabajó con ellos para enviar todas las revisiones y documentación adicional que la agencia solicitó. Luego, después de otro período de espera en el USDA, la subvención fue cancelada.

Otros beneficiarios y fuentes cercanas al programa también dicen que el USDA obstaculizó la distribución de financiamiento a los agricultores con su escasa y gravemente retrasada comunicación, falta de apoyo institucional y, de manera crucial, la ausencia de las aprobaciones presupuestarias necesarias durante el último año.

El USDA declinó hacer comentarios para este artículo.

El martes, otros 24 beneficiarios de ILCMA se unieron a la demanda que Agroecology Commons presentó el año pasado. Los demandantes buscan otra medida cautelar preliminar, con el objetivo de revertir las cancelaciones de subvenciones y restaurar el acceso de los beneficiarios a los fondos.

Mientras aún tiene su dinero, Agroecology Commons planea avanzar con la subvención de acceso a la tierra. Sin embargo, el equipo de Atwood está procediendo con cautela — postergando inversiones a más largo plazo en contrataciones o programas, y esforzándose por recaudar fondos ante la posibilidad de una interrupción repentina.

"Cuando se habla de gasto derrochador — los años y años que se dedicaron a lograr que este programa siquiera existiera, y luego simplemente cancelarlo", dijo Atwood con incredulidad. Eso, para ella, "parece el verdadero despilfarro".

Este artículo apareció originalmente en Grist en https://grist.org/accountability/usda-canceled-land-access-grants-fraud-evidence/.

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