La banca y el gobierno: hay que salir del “modo anuncio”

Hoy se celebra la sesión principal de la 89 Convención Bancaria en Cancún.

Banqueros, reguladores y funcionarios del gobierno federal se dan cita en un foro que, año con año, sirve para calibrar los avances del sistema financiero y trazar la agenda de sus pendientes.

Este año el balance es inusualmente complejo: una banca sólida en sus indicadores prudenciales, pero inmersa en una economía de bajo crecimiento, rodeada de señales de alerta que no pueden ignorarse.

Empecemos por el activo del balance. Los números son, en efecto, muy positivos. Al cierre de 2025, el sistema bancario alcanzó utilidades históricas de 304 mil 400 millones de pesos, un incremento real de 1.1% respecto al año anterior. El índice de capitalización se mantuvo en torno a 20%, muy por encima del mínimo regulatorio de 10.5%. La cartera total de crédito cerró en 8.17 billones de pesos, con una tasa de morosidad de apenas 2.17%. Estos son indicadores de un sistema robusto. No hay discusión al respecto.

Pero la solvencia no es lo mismo que la contribución al desarrollo. Y aquí empieza el pasivo del balance.

La cartera creció apenas 2.82% en términos reales en 2025, el ritmo más bajo en años no pandémicos, en un entorno donde el PIB avanzó apenas 0.8%: el peor desempeño desde el Covid-19.

El crédito al sector privado sigue en torno al 38% del PIB, proporción que la Asociación de Bancos de México (ABM) aspira a elevar hasta 45% para 2030. Para dimensionar el rezago: en Chile ronda el 120% del PIB; en Brasil supera el 70%. En México, una parte significativa del crecimiento del crédito ha ocurrido en consumo e hipotecario, no en el financiamiento a empresas productivas.

El caso de las Mipymes ilustra con precisión este déficit. Representan la mayoría abrumadora de las unidades productivas del país y aportan más del 70% del empleo, según el INEGI. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 revela que apenas 37.2% de los mexicanos tiene algún producto de crédito formal, y el acceso al financiamiento empresarial sigue siendo aún más restringido para las pequeñas unidades productivas.

En la Convención del año pasado se firmó un acuerdo con el gobierno para incrementar en 3.5% anual el financiamiento a estas empresas hacia 2030. El problema es que México lleva más de una década con los mismos diagnósticos y los mismos compromisos. La pregunta relevante hoy no es si existe voluntad de avanzar, sino qué mecanismos concretos se activarán y qué consecuencias tendrá no cumplir las metas.

Las tensiones arancelarias derivadas de la revisión del T-MEC —cuya primera ronda de negociaciones arrancó ayer— añaden una capa de incertidumbre que desincentiva la inversión y, por tanto, la demanda de crédito productivo.

Hay además dos expedientes que no pueden soslayarse en esta Convención. El primero: las consecuencias de las sanciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso a tres instituciones mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector— por supuestos incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero.

El episodio tuvo desenlaces concretos: los fideicomisos de CIBanco fueron adquiridos por Multiva y los activos de Intercam fueron adquiridos por Kapital Bank.

Más allá de las consecuencias específicas para cada institución, el caso obliga a una pregunta de fondo: ¿cuenta el sistema en su conjunto con los controles internos y la cultura de cumplimiento que exige operar en el entorno financiero global?

La CNBV y la UIF tendrán que reforzar la supervisión; los bancos, invertir con mayor seriedad en cumplimiento normativo. En este punto, la creación de juzgados mercantiles especializados podría contribuir a la seguridad jurídica del crédito, aunque su efecto dependerá de que operen con independencia real.

Por otro lado, está el tema de la digitalización. México mantiene aún niveles altísimos de uso de efectivo. Reducirlos requiere no solo infraestructura tecnológica —el SPEI crece a doble dígito, pero plataformas como CoDi y Dimo siguen rezagadas—, sino también costos razonables de operación para los comercios pequeños. Sin ese equilibrio, la inclusión financiera seguirá siendo más retórica que realidad.

El problema es que México lleva ya varios años en “modo anuncio”: cada convención produce compromisos, acuerdos y discursos sobre los mismos temas. El reto real es convertir los números en cambios concretos en la vida de las empresas y las familias.

Para eso, la banca necesita un entorno de crecimiento que hoy no existe, y el gobierno necesita una banca que asuma riesgo productivo que hoy evita.

Ambos son protagonistas del mismo problema y salir del círculo vicioso requiere acciones de ambos.

¿Podremos salir finalmente del “modo anuncio” en el que estamos?