El Senado debate una declaración por los 50 años del golpe con diferencias sobre el concepto de “terrorismo de Estado”

El Senado comenzó a debatir un proyecto de declaración por el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, en medio de diferencias entre los bloques sobre el enfoque del texto y, en particular, sobre la inclusión del concepto de “terrorismo de Estado”.

La iniciativa fue presentada por el senador Eduardo “Wado” de Pedro, de Unión por la Patria (UP), y propone que la Cámara alta exprese su compromiso con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, al tiempo que reafirme el valor del consenso democrático alcanzado desde el retorno institucional en 1983.

El tratamiento del proyecto generó tensiones desde el inicio de la sesión. Si bien el cuerpo aceptó avanzar con el debate, se resolvió postergarlo para el final a pedido de La Libertad Avanza (LLA), que manifestó objeciones sobre el contenido de la parte resolutiva. En paralelo, UP accedió a retirar los fundamentos del proyecto y dejar únicamente el articulado, tras un planteo de la Unión Cívica Radical (UCR) para facilitar la discusión.

El eje de la controversia gira en torno a la caracterización del último régimen militar. El texto original hace referencia al “terrorismo de Estado”, una definición histórica sostenida por organismos de derechos humanos y amplios sectores políticos, pero cuestionada por el oficialismo libertario.

Desde LLA impulsan una redacción alternativa que propone que el Senado declare “su compromiso permanente con la defensa del orden constitucional y la vigencia del Estado de Derecho”, además de condenar “cualquier tipo de violencia” y reivindicar el consenso democrático expresado en el informe “Nunca Más”.

De este modo, la discusión excede lo conmemorativo y se traslada al terreno político actual, donde persisten diferencias sobre cómo interpretar el pasado reciente y qué conceptos deben formar parte de los consensos institucionales.

El proyecto de De Pedro, en línea con las políticas de derechos humanos sostenidas desde la recuperación democrática, busca ratificar el posicionamiento histórico del Estado argentino frente a los crímenes de la dictadura. Al mismo tiempo, pone el foco en la necesidad de preservar esos acuerdos como base del sistema democrático.

En tanto, la postura de LLA apunta a una formulación más general, sin referencias específicas al accionar del terrorismo de Estado, y con una condena amplia a todas las formas de violencia política.

La definición final quedará sujeta a las negociaciones entre los bloques, en un contexto en el que el Senado vuelve a ser escenario de una disputa simbólica sobre la memoria histórica a 50 años del golpe que dio inicio a la última dictadura militar.

CRM